La mayoría de los países desarrollados han abolido el impuesto al patrimonio neto. En España, sin embargo, este impuesto sigue vigente y es el más elevado, con una carga impositiva que puede llegar hasta el 3,5%. Entre los países de la OCDE, sólo Suiza, Noruega y Colombia mantienen este tipo de impuesto, aunque a tipos mucho más bajos que los de España.
Según datos de la OCDE, el impuesto sobre el patrimonio en España es progresivo y oscila entre el 0,16% en Navarra y el 3,5% para activos superiores a 700.000€.
Además, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez introdujo un nuevo impuesto al patrimonio que se aplica entre el 1,7% y el 3,5% a las personas con patrimonio superior a los tres millones de euros. Este impuesto también se aplica a los residentes en España con bienes en el extranjero, mientras que los bienes situados en España están sujetos al impuesto aunque el propietario no resida en el país.
En Noruega, el impuesto sobre el patrimonio es del 1% para las personas con activos superiores a 150.000 euros; el 0,7% va a los municipios y el 0,3% al gobierno central. Para activos superiores a 1,74 millones de euros, el tipo se reduce al 1,1%. En Suiza, los impuestos sobre el patrimonio varían según el cantón, con tasas entre el 0,3% y el 0,5%, y se aplican tanto a los activos nacionales como a ciertos activos extranjeros.
Aunque España tiene la carga fiscal sobre el patrimonio más alta del mundo, los grandes patrimonios en España tienen una carga fiscal mayor que sus equivalentes en Suiza o Noruega. Esto se debe a que el PIB per cápita de Suiza es tres veces mayor que el de España y el PIB de Noruega es 2,5 veces mayor.
Los expertos creen que este tipo de impuesto es ineficaz y por eso muchos países desarrollados han optado por abolirlo. Según la OCDE, en 2022 el impuesto sobre el patrimonio en España representará el 0,54% de los ingresos tributarios totales, lo que equivale al 0,19% del PIB. En Noruega, este impuesto representa el 1,06% del total de los ingresos tributarios, lo que equivale al 0,75% del PIB. En Suiza, los ingresos fiscales procedentes de este impuesto representan el 4,35% del importe total, lo que equivale al 1,19% del PIB.
Los expertos dicen que estos impuestos generan pocos ingresos, altos costos administrativos y alientan la evasión fiscal. La economista Cristina Enache, en un artículo para el think tank Tax Foundation, explica que estos impuestos son ineficaces por su mal diseño y sus elevados costes de implementación.
En 2021, el Tribunal Supremo de los Países Bajos declaró que este tipo de impuestos viola la justicia europea. En España, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía recurrieron el “impuesto de solidaridad” de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional.
El llamado “impuesto temporal de solidaridad”, que grava los activos superiores a tres millones de euros, se introdujo para contrarrestar la supresión del impuesto sobre el patrimonio en algunas comunidades autónomas. El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, asegura que esta medida permitirá recuperar los ingresos tributarios perdidos.
En respuesta, las comunidades de Madrid, Extremadura y Andalucía ajustaron su propio impuesto sobre el patrimonio introduciendo un impuesto regional que compensa la diferencia con el impuesto estatal de solidaridad y ofrece una bonificación del 100% en estas regiones. Cantabria y Baleares también elevaron el umbral de exención hasta los tres millones de euros, y Murcia lo elevó hasta los 3,7 millones de euros.